Esta propuesto ha sido realizada por el BBVA y Sagardoy Abogados
La propuesta
se centra en abonar una cantidad año trabajado y se complementaria con una
cuanta individual del trabajador, gestionada por la Seguridad Social, en forma
de salario diferido.
Estas
cuentas individuales de todos los trabajadores irían a parar a un fondo y la
rentabilidad que se obtuviese de este fondo iría también a parar a las cuentas
de los trabajadores. La propuesta plantea
que sea obligatorio para los nuevos contratados y voluntario para los
que ya trabajan.
Concretando,
las actuales indemnizaciones se
reducirían y se harían graduales, tanto para los casos de despidos objetivos
procedentes, como para los improcedentes. Y todos los nuevos asalariados
dispondrían de una cuenta de ahorro individual nutrida por aportaciones periódicas
en forma de salario diferido equivalente a ocho días de salario por año
trabajado.
Esto
supondría una aportación estable del 2,19% del salario bruto anual a esta
cuenta individual que el trabajador cobraría en el momento de quedarse en
desempleo para completar la menor indemnización.
Despido objetivo:
Las indemnizaciones
serían de cero días el primer año, de
cuatro días por año trabajado, el segundo año del contrato; de ocho días si se
le despide el tercer año y de 12 días si tiene una antigüedad de cuatro o más
años. Pero si el trabajador recupera además el fondo que ha ido nutriendo, la compensación
final por despido sería de ocho días si es despedido el primer año; 12 días en
el segundo año; 16, en el tercero; y 20 si la antigüedad es de cuatro o más
años al ser despedido.
Despido improcedente:
En el
caso de los despidos que sean declarados improcedentes, el coste de la
indemnización sería de cuatro días si se despide en el primer año, aumentando
en tres días por año trabajado cada año más de antigüedad del trabajador hasta
un máximo de 25 días. Así, sumando los ocho días anuales del fondo llegaría a
la actual indemnización de 33 días por año trabajado a partir del octavo año de
antigüedad en la empresa.
Los
responsables de esta propuesta defienden que de esta forma, las empresas podrán
planificar financieramente por adelantado los eventuales despidos de sus trabajadores.